Guerra política y la carne de cañón
CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Cuando menos cuatro periódicos de la Ciudad de México, publicaron ayer en primera plana, la noticia de que 15 empresas maquiladoras de Matamoros decidieron cerrar operaciones y retirarse del país, por culpa de la demora del gobierno federal en atender el conflicto que produjo huelgas masivas.
Estas coincidencias no son casuales, sino producto de inserciones pagadas que llevan la intención de deformar una realidad que todo mundo conoce en Tamaulipas: la crisis obrero-patronal escaló hasta la huelga, por un propósito político deliberado, de crearle problemas de imagen al gobierno federal de MORENA.
Pero no se vale que las rivalidades políticas conduzcan a una guerra de intrigas, maniobras y manipulaciones perversas, pues en este caso particular fronterizo, están jugando con la estabilidad económica de la región y con la subsistencia de miles de familias.
La Secretaría del Trabajo de Tamaulipas es responsable del manejo de las relaciones contractuales de las empresas maquiladoras y las organizaciones sindicales, de tal manera que es su obligación intervenir como institución conciliatoria cuando se producen las negociaciones de revisión de los contratos colectivos de trabajo.
En esta ocasión, la masa obrera cobró un impetuoso e inusitado ánimo rebelde contra sus propias autoridades sindicales y los trabajadores se concentraron por miles en la plaza principal para anunciar su decisión de ir por su cuenta por un 20 por ciento de aumento salarial y el pago de un bono anual por más de 30 mil pesos.
Esa fue la primera clarinada de alerta pues los obreros pasaron de las palabras a las acciones, suspendiendo actividades en varias de las plantas para que quedara claro que hablaban en serio.
Ni esa ni otras señales de advertencia fueron atendidas en Ciudad Victoria, ni en la Secretaría del Trabajo, ni en la secretaría general ni en la oficina del Gobernador, pues dejaron crecer el problema a pesar de algunos visos de riesgos de violencia física.
Luego ocurrió la extraña aparición de una mujer que se ostenta como abogada especializada en temas laborales, Susana Prieto Terrazas, que se hizo dueña del escenario de confrontación, asumiéndose como vocera, representante y conductora del movimiento.
El presidente municipal de Matamoros Mario Alberto López Hernández convocó repetidas veces a las autoridades competentes para que se hicieran presentes y cumplieran su obligación de arbitrar las negociaciones, pero no obtuvo respuestas.
Entabló por su parte, conversaciones por separado con los trabajadores emplazantes y con sus dirigentes sindicales, para recomendarles prudencia y tolerancia frente a las resistencias de los patrones, a fin de llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.
Ni el Gobernador del Estado ni la Secretaria estatal del Trabajo ni el Secretario de Desarrollo Económico ni el Secretario General de gobierno hicieron pronunciamientos durante todo el proceso del conflicto.
A petición de los empresarios y del gobierno municipal, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, enviar a representantes de la dependencia a Matamoros, para servir de coadyuvantes en el caso que es de competencia local, como él mismo lo hizo destacar.
Pero ya era muy tarde. El sindicato de Juan Villafuerte Morales redactó en los términos ordenados por los trabajadores, los pliegos petitorios con emplazamiento a huelgas y fue inevitable que se produjera la clausura colectiva de las empresas maquiladoras.
Fue hasta entonces que María Estela Chavira Martínez y otros funcionarios del gobierno estatal, panista, empezaron a hablar del problema de Matamoros, pero para lavarse las manos y reprochar que el gobierno federal no intervino oportunamente.
Es demasiado cinismo, desfachatez y desvergüenza, la que exhiben los empleados de Cabeza de Vaca, pues tratan de engañar a los ciudadanos pretendiendo endilgarle al gobierno federal, el estallido de un problema que ellos mismos dejaron crecer.
En el afán por involucrar al Presidente López Obrador y a MORENA, Chavira y otros cabecistas han enderezado acusaciones de estar detrás del conflicto, al senador Ricardo Monreal Avila, pero también al dirigente nacional minero Napoleón Gómez Urrutia, compañero de aquel en la cámara alta del Congreso de la Unión.
Pero además, Chavira y Carlos García González declaran en entrevistas a modo concertadas con periodistas forasteros (Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre y otros), que los empresarios extranjeros se irán de México porque los trabajadores les imponen altos desembolsos económicos.
Ambos funcionarios quisieran que los obreros aceptaran sueldos congelados, para no ahuyentar a los patrones. Ese es el criterio que sustentan y además, lo publican.
Ayer en Ciudad Victoria, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, retomó el guión preparado por su partido desde el gobierno de Tamaulipas, para tratar de recargar sobre MORENA y su gobierno, la culpa del desastre obrero-patronal inducido en Matamoros.
A la vuelta de los días, las empresas han empezado ceder a las presiones de los trabajadores y a firmar los nuevos contratos… sin que la sangre llegara al río.
En Nuevo Laredo, una empleada denunció otro acto de corrupción, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde el titular, Oscar Peña Pimentel, dice haber extraviado el expediente de una demanda laboral.
María Guadalupe Sánchez Vázquez es la afectada y asegura que el subalterno de María Estela Chavira Martínez actúa con dolo para favorecer a la dueña de la empresa demandada, pues él asegura que no la conoce pero la trabajadora exhibe una fotografía de él en la posada navideña de esa patrona.
En temas políticos, rueda en redes sociales otra encuesta relámpago de preferencias electorales sobre candidatos a diputados locales. Un 78 por ciento de los entrevistados dijo que votará por MORENA, con apenas un 22 por ciento de seguidores del PAN.
En tanto que el presidente municipal victorense, Xicoténcatl González Uresti, se aventó la puntada de anunciar que podría contratar un préstamo bancario, para resolver las penurias del Ayuntamiento.
En Río Bravo, Roxana Gómez Pérez ya se siente con la candidatura del PAN en la bolsa, pero no deja de hacer campaña, de diferentes maneras, como recibir reconocimientos con cualquier pretexto, así como patrocinar concursos de talentos.
Pero la candidata del presidente municipal Carlos Ulivarri López no se da por vencida y también promueve eventos de todo género, para fabricarse una imagen de bienhechora.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló en su informe anual de actividades, que la policía estatal sigue siendo líder en la captación de denuncias.
En Ciudad Victoria, Edmundo García Román, el cacique de la CTM, tampoco tiene vergüenza, pues salió del palacio de gobierno repitiendo como cotorro, que Napoleón Gómez Urrutia es el culpable de las huelgas de Matamoros.
Desafortunadamente, las situaciones de riesgo se siguen produciendo con pérdidas de vidas, pues el gobierno estatal, panista, le da prioridad a los juegos políticos perversos, en lugar de ponerse a perseguir a infractores de la ley.
En Matamoros, los soldados abatieron a tres sicarios y en Reynosa, policías estatales fueron agredidos a balazos disparados desde tres camionetas en marcha, pero ninguno resultó herido. Hallaron los tres vehículos abandonados, con armas.
Se registró otra ejecución en el penal de Victoria y el asesinato de un muchacho victorense, de 20 años, en Llera.
En Río Bravo también hubo jaleo con olor a pólvora, con detenidos. Y los empleados de Arturo Soto Alemán volvieron a pegarle al contrabando, ahora con la incautación de miles de botellas de whisky.
Alguien tiene qué decirles que las tareas de la sub-secretaría de ingresos no incluye usurpar funciones de policías fiscales.
Cumplen años María del Rosario Garza Hinojosa, Santiago Ruiz Delgado, el también periodista, Javier Zolezzi Treviño y Pedro Castorena.
Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com
