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Zertuche: no hay recorte al presupuesto

    

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Xicoténcatl González Uresti se excusó el sábado por no responder a preguntas de los periodistas acerca de la violencia que ahoga cada día más a la capital de Tamaulipas, sede de los tres poderes. “Hoy vengo como ciudadano, no como presidente municipal”, dijo.

El presidente municipal de la llamada capital del crimen se encontraba en el registro de una candidata de Cabeza de Vaca a diputada local por el distrito victorense (pese a que la dama es nativa de Reynosa). La pregunta concreta que rehuyó responder Xicoténcatl es relativa al secuestro y asesinato de un joven padre de familia.

Desde el 1 de abril de 2013, desaparecieron las policías municipales, para dar lugar a un mando único que dependería de militares y al que se subordinaría la policía estatal y la policía ministerial, de acuerdo a una nueva estrategia federal. No funcionó.

Tamaulipas sigue siendo una de las entidades más castigadas por la violencia pese a que los dos niveles de gobierno han canalizado hacia el rubro de seguridad y justicia, recursos multi-millonarios, especialmente en el sexenio de Egidio Torre Cantú.

Actualmente el gobierno de los vientos del cambio tiene el primer lugar nacional en incompetencia para resolver casos de personas desaparecidas, en robo con violencia de vehículos, feminicidios, abusos sexuales, y en otras actividades delincuenciales.

El flamante Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño se reunió con presidentes municipales de todo el país, donde el funcionario federal aclaró que la Guardia Nacional no sustituirá a los policías municipales ni a los policías estatales.

En el caso de Tamaulipas, Durazo y algunos interesados en salvar realmente al Estado deben retomar el estudio de la ausencia de la policía municipal, para resolver su reinstalación y devolverle a las autoridades locales la potestad constitucional de prestar servicios de vigilancia y defensa social, para mantener la tranquilidad y el orden público.

Sin menoscabo de la autonomía estatal de la que son tan celosos en el palacio de gobierno, Durazo y expertos en el tema, deben revisar el programa de privatización de los servicios de video-vigilancia que Cabeza de Vaca hizo aprobar en su Congreso local, nomás para certificar que se ajusta al marco legal y que no se trata de otra cosa.

Porque se antoja absurdo e irracional, que el gobierno del Estado pague a un particular, 58 millones de pesos mensualmente, para la compra de video-cámaras de vigilancia, por un lapso de seis años.

Es un total disparate que esa fortuna vaya a entregarse a un particular (de Monterrey, preferentemente), a cambio de un servicio que bien puede hacer el propio gobierno, que es la de comprar las famosas video-cámaras.

Durazo puede investigar si es legal o no, que el gobierno estatal quiera construir estaciones de vigilancia en las carreteras, pues se trata de espacios federales que en todo caso, correspondería al gobierno federal hacer ese desembolso.

Según los esbozos que han hecho del programa, también construirían en las carreteras, arcos de seguridad dotados de video-cámaras, aparatos con sistemas de reconocimiento facial y de identificación y verificación de placas de circulación y hasta de drones.

Cincuenta y ocho millones de pesos pagados mensualmente a un particular, sólo por ser intermediario en la compara de video-cámaras, es una barbaridad que sólo podían autorizar los diputados locales del PAN.

Alfonso Durazo Montaño es una autoridad federal, competente para someter a escrutinio este programa estatal y decidir si es viable, decente, legal, ordenado, o si se trata como lo sospechan muchos, de favorecer de manera indebida a terceros.

Retomamos la excusa pueril de Xico, para añadir que rehuyó a la prensa en la sede del PAN, donde levantó la mano a la candidata de Cabeza de Vaca a diputada local. Se trata de una dama que cobraba como titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.

Misma dependencia de donde salió la actual diputada federal, plurinominal, del PRI, sobrina de Egidio Torre Cantú. Tiene buena suerte esa oficina del Congreso local. Claro, además de que sus titulares sean parientes del Gobernador de turno.

A propósito del Congreso local de mayoría panista, ocurrió un extraño caso de retractación, arrepentimiento, rajarse, echarse atrás, rectificar, perpetrado en contra del Ayuntamiento de Altamira, también del PAN.

Dos comisiones habían aprobado la propuesta del gobierno panista de Altamira, de ceder a título gratuito a una empresa particular, los espacios laterales de tres puentes peatonales para la venta de publicidad, a cambio de que les donaran los puentes.

Pero cuando el dictamen favorable se expuso al pleno legislativo, el diputado panista de Altamira, Ciro Hernández recibió la orden superior de subir a la tribuna para oponerse al proyecto y pedir a sus compañeros de partido que lo echaran abajo, lo cual fue acatado por muchos de ellos, 17, incluido él.

Lo incongruente, ridículo, controvertido y divertido del asunto, es que Ciro dijo en su perorata, que no podían autorizar concesiones, privatizaciones o préstamos, que rebasen la capacidad de pago del contrayente, o por un lapso superior al período de su gestión.

Esto es una burla cruel, porque esa misma mayoría panista aprobó que el gobierno del Estado privatice la compra de video-cámaras de vigilancia durante un lapso de seis años, a cambio de lo cual, pagarán a una empresa particular 58 millones de pesos cada mes.

Algún pecado político cometió la presidenta municipal panista Alma Laura Amparan Cruz, para merecer este castigo, represalia, descontón, penitencia o escarmiento de parte del palacio de gobierno.

Igual ocurrió recientemente en Río Bravo contra el también presidente municipal panista Carlos Ulivarri López, quien por no disciplinarse ante la decisión de postular para diputada local a la jefa de la Oficina Fiscal, le enviaron un operativo que desestabilizó a la ciudad, y santo remedio.

En otros temas, el diputado federal Armando Zertuche Zuani, del bloque MORENA-PT-PES, envió un video-mensaje a los tamaulipecos, para pedirles que no se dejen sorprender por el gobierno estatal, panista, y su patraña de que el presupuesto federal 2019 está recortado.

Refirió el legislador de Reynosa, que personeros del gobierno panista usan los temas de las estancias infantiles, desabasto de medicinas, bloqueo carreteros hechos por campesinos, huelgas en maquiladoras y revueltas y violencia en Río Bravo, para tratar de presentarlos como consecuencia de recortes del presupuesto.

Zertuche Zuani puntualiza en su mensaje, que el gasto autorizado por la cámara de diputados es superior este año en un 4 por ciento al que se ejerció en 2018, equivalente al nivel de la inflación.

No hay recorte en ningún rubro de los programas diseñados para Tamaulipas, aunque en algunos casos, los recursos de movieron de una mesa a otra, y hasta en una mayor cuantía.

Citó como ejemplo, el ramo 28, donde viene autorizado un plus por tres mil millones de pesos para el gobierno del Estado. Pidió Zertuche a presidentes municipales, magisterio y a los tamaulipecos en general, que exijan al gobierno estatal, panista, la publicación de las reglas de operación, y, lo más importante, que no permitan más sub-ejercicios.

Cumplen años el periodista Armando Juárez Becerra, de excelente narrativa; la señora Sulma Ramírez de Bernardo de la Rosa; 34 años de matrimonio de Silvia de la Garza y Héctor López González.

También tuvo fiesta natalicia Héctor Gerardo Aguilar de Alba, en Tyler, Texas. Pertenece a la famosa dinastía Aguilar de Matamoros. Su mamá Leticia de Alba y sus hermanos Ana Karina y José Jaime le cantaron Las Mañanitas, y su padre Héctor Aguilar M. lo felicitó a distancia.

Fiesta de Abel Castillo Herrera y sus hermanos, por cumpleaños de su padre.

En tanto que Ignacio Guerrero Doria reporta el fallecimiento del Padre Gato, Rubén Robles.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com