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Empuja El Güero Arizpe el fin de abusivo negocio

CIUDAD VICTORIA, (ASI)— La noticia no es que Oscar Pérez Inguanzo demandó ante el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas a Egidio Torre Cantú. La noticia es que los magistrados del poder judicial protegen al ex Gobernador, priísta.

Así hubiera reprendido un jefe de redacción al reportero principiante, pues es de más interés del lector, conocer los detalles de por qué una querella judicial de trámite ordinario, automático, mereció en cambio un rechazo, repudio, descalificación y descarte fulminantes.

El caso mereció ser estudiado porque hay de por medio una confesión de parte expresada ante una docena de periodistas, cuando el todavía mandatario estatal los convocó a comer una tarde de septiembre de 2016, para aligerar algunas culpas acumuladas durante seis años.

Egidio Torre Cantú se confesó ante compañeros como Juan Gilberto Banda, de Reynosa, Fernando Acuña Piñeyro, Eleazar Avila, y otros, victorenses, reconociendo haber cometido injusticias con los encarcelamientos, por separado, de Mario Ruiz Pachuca y de Oscar Pérez Inguanzo, ordenados por él.

El primero fue director de comunicación social del mandatario anterior, Eugenio Hernández Flores, y Pérez Inguanzo, presidente municipal de Tampico, misma época.

En esa misma comida de indiscreciones, de la que se arrepintió después Torre Cantú, soltó la expresión que se ha interpretado como una traición al PRI y al propio Baltazar Hinojosa Ochoa, de que recibió de la Ciudad de México un paquetito muy adornado, pero vacío, refiriéndose al candidato a Gobernador.

Oscar Pérez Inguanzo permaneció privado de la libertad tres años, acusado de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de funciones públicas, falsificación y uso de documentos públicos, produciendo un quebranto financiero de más de 40 millones de pesos.

Pérez había terminado su ejercicio edilicio y lo sustituyó Magdalena Peraza Guerra, que fue electa bajo el registro del PAN. Una asociación privada, del PAN, promovió la querella judicial contra Pérez Inguanzo, luego la replicaron regidores de la misma filiación, y finalmente Peraza Guerra hizo lo mismo.

El ex presidente municipal jaibo fue absuelto de todos los cargos el 24 de junio de 2014, por carecer de sustento y ser infundados pues se basaban en dichos, presunciones y constancias sin valor probatorio suficiente.

Transcurrieron desde entonces tres años, y ahora Oscar Pérez Inguanzo decidió presentar una demanda judicial contra Egidio Torre Cantú, su gobierno y contra el auditor superior del Estado, Miguel Salman Alvarez, reclamando una reparación económica y moral, por los daños recibidos.

A través del abogado Juan Jorge Olvera Reyes, el ex presidente municipal de Tampico reclama el pago de una indemnización económica y una disculpa pública, que compense el daño moral, sicológico y económico que sufrieron él y su familia.

La demanda formal fue registrada en el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas con fecha 27 de febrero de 2017, pero los magistrados dictaron sentencia el 15 de marzo, apenas quince días después, desechándola de plano, por no haber descubierto hecho ilícito alguno.

De un plumazo, los agentes justicieros del gobierno estatal, panista, tendieron una capa protectora que impide que Egidio Torre Cantúa sea molestado con comparecencias, careos y el desahogo de otras diligencias, para limpiar su nombre de la sospecha de que abusó del poder político que detentó durante un sexenio.

De paso, los imperturbables señores magistrados del poder judicial, extienden el fuero e inmunidad al cabildo jaibo de la época y a su titular, Magdalena Peraza Guerra, y al propio auditor superior del Estado, del Congreso local.

Asunto juzgado, dijeron en el Supremo, y dieron vuelta a la hoja. ¿Por qué ocurrió así?, porque, se presume, Torre es intocable, al menos durante el gobierno azul, porque pagó con moneda de alto valor político y tiene derecho de piso, firme y sin rejas.

Pero hay malas noticias para los magistrados del poder judicial y su jefe político, porque Oscar Pérez Inguanzo tocará a la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asistido por su abogado, para reclamar la justicia que le negaron aquí.

Y ese tribunal internacional no se mece con vientos huracanados, de billetes, de influencias o recomendaciones.

Otro episodio de vergüenza y oprobio ocurrió en el seno del Cabildo victorense, donde el regidor del Verde-PRI Fernando Arizpe García, puso contra las cuerdas al presidente municipal Oscar Almaraz Smer, por la protección otorgada hasta ahora a la empresa particular que maneja el jugoso negocio de los parquímetros.

Pidió El Güero Arizpe un punto de acuerdo del Cabildo, para revocar el contrato leonino que los tres anteriores gobiernos municipales toleraron a pesar del conflicto de intereses que prevalece en el tema.

Acusó el regidor que la empresa, propiedad de políticos como Salomón Rosas y Ricardo Gamundi Rosas, se ha enriquecido cometiendo abusos contra los victorenses pero a nombre del Ayuntamiento.

Almaraz Smer, contemporáneo de Rosas y Gamudi por pertenecer al mismo equipo político, no tuvo más remedio que enviar la propuesta de Arizpe a comisiones, para su estudio y dictaminación. Si las presiones no consiguen doblar al presidente municipal, se acabará esa gallina de los huevos de oro.

También en Ciudad Madero hubo rebelión en el Cabildo, pues 14 regidores exigieron por escrito la celebración de una sesión urgente, para reclamar a su titular José Zorrilla Moreno la destitución del Secretario del Ayuntamiento.

Zorrilla huele una trampa pues el funcionario despedido tiene problemas con la justicia y usaba el cargo municipal como protección. Está acusado de abandonar a su suerte a un muchacho al que atropelló con su vehículo, hace muchos años.

Si nadie interviene para obligar a Joaquín Hernández Correa a sacar las manos de los asuntos de Ciudad Madero, hasta podría ocurrir un Cabildazo y precipitar los cambios políticos en el municipio.

También huelen mal las cosas en el Congreso local de aplanadora azul, con el tema del zar anti-corrupción, pues Carlos Alberto García González se sacó de la manga una lista de candidatos a ocupar esa responsabilidad.

La mayoría son funcionarios estatales.

Por el rumbo de la UAT, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río firmó un convenio con la Secretaria estatal de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, para la organización y funcionamiento de especialidades médicas y profesionalización.

A través de este convenio, las facultades de medicina de la UAT en Tampico y Matamoros, alentarán la preparación de profesionales de la medicina con los más altos estándares de calidad, para que se refleje luego en los servicios que proporcionen a los tamaulipecos.

Funcionarios de ambas instituciones hicieron un intercambio de información que sustenta este convenio, que traerá beneficios inmediatos entre los estudiantes de las diferentes especialidades de la medicina.

Por cierto, surgen evidencias de que la sucesión rectoral será tersa y armoniosa debido también a un convenio que apunta hacia Reynosa.

Otra escuela, pero del crimen, el reclusorio tutelar para menores que se vació en Güemez, no ha producido ceses, renuncias, reacomodos ni aprehensiones, dentro de la esfera directiva de penales, a pesar de la recurrencia de fugas y violencia.

En Matamoros, El Colegio de la Frontera Norte ofrecerá hoy una conferencia “Estudios sobre las mujeres y los niños en los penales tamaulipecos”, que forma parte del Seminario de Estudios Tamaulipecos 2017.

Disertará la doctora Karla Villarreal Sotelo, y fungirá como comentarista el licenciado Marco Antonio Trejo Morelos, llevando como moderador al doctor Oscar Hernández Hernández.

La conferencia será en las propias instalaciones del Colegio, a las 11:00 horas.

Si tuvieran vergüenza en El Colegio de Tamaulipas.

Cumple años José Luis Mata Blanco, ex gerente de la COMAPA victorense y alguna vez dirigente local de una asociación del PRI, pero no sabemos si siga allí, porque la directiva estatal está en liquidación.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com