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Ahora sí, gran inversión en seguridad y justicia

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— El gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca se propone hacer un gasto de 3,150 millones de pesos en 2018, para atacar el problema de la inseguridad pública, construyendo un penal, rehabilitando otros y construyendo estaciones de seguridad en las carreteras.

Se trata de un ambicioso proyecto inspirado en la necesidad de atajar los embates de los infractores de la ley y está contenido en el presupuesto de ingresos 2018 que ayer empezaron a revisar en comisiones los diputados locales.

Dada la importancia del tema y la magnitud de la inversión, el asunto debió haberse ventilado previamente por parte de funcionarios del ramo, para que la sociedad conozca que por fin se está gestando un proyecto que busca dotar a los tamaulipecos de más infraestructura para su protección.

El presupuesto de ingresos 2018 tiene un apartado donde se propone la contratación de un crédito de hasta por 3,150 millones de pesos, que se destinarían para los siguientes destinos:

Mil quinientos millones de pesos, para la terminación de la construcción del penal federal. Mil doscientos millones serían para obra negra y 500 millones, para equipamiento.

Rehabilitación de otros penales, 240 millones de pesos, así como 150 millones de pesos para construir estaciones de seguridad en las principales carreteras. Modernización de los complejos de seguridad pública de Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, 910 millones de pesos.

El remanente de 150 millones se destinarían a pitos y flautas (para la constitución de fondos de reserva, pago de primas, comisiones, honorarios de calificadores, asesores financieros y/o legales, etcétera). Los créditos podrán ser con una o varias instituciones y con cargo a participaciones federales.

El caso del penal cuya construcción fue abandonada desde hace años por el gobierno federal, contempla un problema, que ya se vivió en Altamira, siendo Gobernador del Estado el licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba.

En aquel tiempo, el gobierno del Estado retomó la construcción del penal federal en Altamira, con un gasto de gran cuantía. Cuando estuvo listo el edificio, duró un año en desuso por discrepancias entre los dos gobiernos.

Actualmente, el penal de Altamira es exclusivamente para reos federales.

El Gobernador Cabeza de Vaca se ha propuesto aprovechar el edificio federal a medio terminar, para gastar allí 1700 millones de pesos y cuando esté listo, cambiar al nuevo inmueble a la población penitenciaria de Tamatán y clausurar éste.

El proyecto original del penal federal de Ciudad Victoria es grande, de alta seguridad, para albergar a 1500 infractores de la ley.

El gobierno de Tamaulipas tendría que firmar convenios lo suficientemente claros y específicos, para poder exigir su uso cuando esté terminado y evitar que el gobierno federal repita su abuso de exclusividad, como lo hizo en Altamira.

Tres mil millones de pesos es una suma de dinero que gastó anualmente el ingeniero Egidio Torre Cantú, con motivo del convenio suscrito con SEDENA, SEMAR y Policía Federal, para pagar compensaciones a fuerzas federales.

Pese a la enorme erogación, los delitos nunca disminuyeron y Tamaulipas tuvo una parálisis en obra pública pues el dinero se canalizó hacia el rubro de seguridad pública, infructuosamente.

Ahora, tres mil millones de pesos van a tener el mismo destino, con la enorme ventaja de que el dinero detonará obra pública pues estamos hablando de la terminación del penal, la remodelación de otros, la construcción de estaciones de seguridad en carreteras y la modernización de complejos regionales de seguridad pública.

Volverá a circular el dinero en Tamaulipas. Lástima que no le den a estas noticias el nivel de resonancia que merecen, por ser trascendentes y evidencias de que saben lo que están haciendo.

El presupuesto 2018 que le aprobarán al gobierno del Estado, es por 49 mil 858 millones 960 pesos, apenas un 2.49 por ciento superior al ejercido este año. El impuesto sobre tenencia de vehículos producirá 191 millones de pesos, y 20 millones de pesos el impuesto sobre hospedaje.

Comunicación social tiene asignado un gasto anual de 79 millones de pesos, pero es una cifra simbólica.

La bancada del PRI fingirá resistencias pero terminará votando a favor.

A nivel nacional, MORENA tuvo otro tropiezo pues creyó importante aceptar la adhesión del Partido Encuentro Social, un negocio particular de Abdíes Pineda Morín, un parásito que chupó hasta saciarse en el PRI y luego le dio por inventar ese membrete.

Alberto Anaya ya estaba enganchado a MORENA e inclusive le cobró caro a López Obrador la reciente persecución de la que fue víctima pues se quejó que fue en represalia por haberse cargado a su favor.

El caso es que la boleta de MORENA traerá como anexos a PT y PES, que no son necesariamente actores políticos limpios ni recomendables.

Y en el Senado, seguían pujando para sacar adelante la propuesta de la ley de seguridad interior, que todo mundo (excepto el PRI) sataniza por ser como la manzana envenenada.

México ya está militarizado, lo grave es que extiendan certificado de legalidad a su permanencia en las calles y peor aún, que le den autonomía por encima de preceptos judiciales.

Están en peligro los derechos humanos pero la bancada tricolor está por encima de esas nimiedades.

Emilio Gamboa Patrón se aventó otra puntada digna de su Tío Gamboín, cuando ofreció que se mejorará esta ley…¡pero hasta después de que esté aprobada!

Por su parte, el diputado local de Matamoros, del PRI, Rafael González Benavides, desconcertó con su pedido en el Congreso local, de que no se politice el debate sobre el paquete fiscal, pues nadie está hablando de elecciones.

Pero tiene razón, porque flota en el ambiente el calorcillo de la politiquería y se agarran de cualquier pretexto, para adornarse. Caso del Chuma, que pidió que no se autorice el aumento pedido al servicio del transporte urbano.

Arturo Soto Alemán no que queda atrás y exagera en su propaganda contra los negocios que según él, son fuentes de financiamiento del crimen organizado. El sub-secretario de finanzas presume que han eliminado a 549 negocios de este giro.

Mentiras. 516 de esos negocios son cantinas, bares, centros nocturnos, tables dance, depósitos de cerveza, y la mayoría reabrió cuando corrigieron las irregularidades descubiertas, tales como no respetar el horario de cierre, giro diferente, cosas menores.

Ninguna persona ha sido consignada por Soto Alemán ante instancias judiciales, por delitos federales. Eso echa por los suelos su patraña. Pero le adorna, porque quiere ser candidato a presidente municipal victorense, por tercera ocasión.

Estamos viendo otro vacilón con motivo de la valiente denuncia del profesor Pimienta, en la Secretaría de Educación, pues ahora resulta que siempre no fue destituido, sino que está de permiso.

Cuidado, parece que se repetirá la historia de Gonzalo Alemán Migliolo cuando el Gobernador no le aceptó la renuncia en Desarrollo Rural y le ordenó permanecer en su oficina. Dos días después le dijo, ahora sí, vete, ya te corrí.

Por cierto, el titular de Desarrollo Rural, Ariel Longoria, nunca aprendió nada, según se desprende de la lectura del trabajo periodístico de Martín Sánchez Treviño, experto en el tema, corresponsal de La Jornada.

Asesinaron en Ciudad Victoria al ex director de área jurídica, en la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio anterior.

CumpliECó años el presidente municipal de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, y la pasó trabajando en la Ciudad de México pero comió pastel en el recinto oficial, con sus colaboradores y su esposa Rosalva Viera.

También tuvo fiesta el periodista de Reynosa, Joel Martínez Quiñones, una leyenda.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com