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Manzanas podridas al interior del gobierno

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Francisco García Cabeza de Vaca arrancó su campaña  de candidato a Gobernador en San Fernando, con una reunión con familiares de personas desaparecidas, donde prometió que él no los abandonaría como lo hicieron los gobiernos anteriores.

Eso ocurrió hace dos años pero fue hasta ahora que envió al Congreso local una iniciativa de ley para crear una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

También propuso la creación de una fiscalía especial de investigación del delito de desaparición forzada, aunque para decir la verdad debemos aclarar que no fueron acciones espontáneas, sino iniciativas acicateadas para homologarlas con la legislación federal.  

Fueron en su tiempo, promesas para sonsacar votos aunque nunca hubo la intención política de hacerles justicia a las personas que han sufrido la pérdida de familiares mediante desapariciones forzadas.

Así lo prueba el tiempo transcurrido desde que el gobierno estatal, panista, inició su gestión, sin que hasta la fecha hayan emprendido acciones concretas de búsqueda y recuperación.

Giovanni Barrios Moreno, presidente de la asociación civil “Justicia Tamaulipas”, presentó en la Corte de La Haya, Holanda, una demanda penal contra funcionarios y ex funcionarios de Tamaulipas, por delitos de lesa humanidad.

En el texto que entregó en ese tribunal internacional, Barrios anexó un documento donde se comprueba estadísticamente, que los secuestros han aumentado en Tamaulipas en una proporción del 200 por ciento.

El gobierno estatal, panista, no sólo no ha contribuido a aliviar el dolor de miles de familias de Tamaulipas, sino que ha sido indolente, apático e irresponsable, pues por desatender el pedido de protección de una activista social de San Fernando, el 10 de mayo de 2017, la señora murió en su casa a balazos.  

Se llamó Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, con una hija secuestrada en 2012. Como los policías nunca emprendieron una investigación de su paradero, la señora hizo su propia búsqueda, hasta descubrir sus restos en una fosa clandestina.

Fue también su investigación personal, la que consiguió identificar a los autores del asesinato, y la información aportada a las autoridades, hizo posible que los detuvieran y encarcelaran.

Ocurrió sin embargo, que una fuga masiva en el penal de Ciudad Victoria puso en las calles a varios de los delincuentes identificados por Miriam Elizabeth, lo que le hizo temer represalias que podrían costarle hasta la vida.

La señora pidió protección al gobierno del Estado, le dijeron que sí pero eso no impidió que un grupo de pistoleros entrara en su casa de San Fernando, un Día de las Madres, para llenarle el cuerpo de balas.

El lunes, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca repitió en Laredo, Texas, un numerito montado en McAllen, hace varias semanas, consistente en aparentar que existe un acuerdo de colaboración entre siete agencias de seguridad de Estados Unidos, con el gobierno de Tamaulipas, en materia de seguridad y prosperidad.

Ese tipo de tratados internacionales deben ser autorizados y ejecutados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República. Lo que hizo Cabeza de Vaca, fue mandar instalar anuncios panorámicos con fotografías de delincuentes y números telefónicos para hacer denuncias anónimas.

Tuvo el mandatario el desplante de mentir cuando aseguró que gracias a este convenio con McAllen, se logró la captura de dos peligrosos delincuentes mexicanos, en episodios por separado.

Lo cierto es que cayeron en manos de la justicia, pero ni siquiera en Tamaulipas, sino en otros Estados, en acciones donde no tuvo participación el gobierno estatal, panista.

El mismo día que Cabeza de Vaca hacia relaciones públicas en Laredo, Texas, con funcionarios policiacos locales y legisladores, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, encabezaba en McAllen, una reunión con representantes de agencias federales, para establecer un centro de operaciones conjunto.

Por cierto, la misma Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, emitió un boletín para informar de la aprehensión de seis de sus propios agentes, acusados de robo agravado y daño en propiedad.

La dependencia no entra en detalles, salvo que los delitos fueron cometidos en Reynosa, en 2017. Otros tres agentes investigadores son sospechosos de haber sido sobornados a cambio de permitir la fuga de un peligroso roba-carros.

Se intuye que los seis policías del gobierno panista son también roba-carros, pues resulta imposible de creer que las bandas se lleven todos los días de las calles de Reynosa hasta diez vehículos, sin que ninguna autoridad las descubra y detenga.

A propósito de corruptos, la bancada del PRI en el Congreso local, coordinada por Alejandro Etienne Llano, presentó en la sesión de la Comisión Permanente, una propuesta de punto de acuerdo.

Piden que se recomiende al gobierno estatal, concretamente a las Secretaría de Administración, Educación y Salud, una investigación sobre el fraude de las mochilas escolares tóxicas, remendadas, parchadas y pagadas a precio de oro.

No sólo mandaron el documento al cesto de la basura, sino que ordenaron que no se mencionara la propuesta en los boletines del día, como si la oficina de prensa estuviera al servicio exclusivo de la bancada del PAN.

Otra de corruptos: el director victorense de tránsito ordenó levantar con grúas todos los vehículos de estudiantes y profesores de la UAT, estacionados en los alrededores externos del Campus, debido a la insuficiencia de cajones propios.

Indignados, los afectados reclamaron explicaciones en el palacio municipal, pero los funcionarios los remitieron con el jefe vial, de quien dijeron no tener control ni autoridad, debido a que fue puesto en el cargo por el sub-secretario de ingresos Arturo Soto Alemán y sólo a él obedece.

Tránsito está convertida en una oficina recaudadora de dinero, pero se atribuía a un apetito desmedido del gobierno municipal victorense, hasta ahora que se aclaró que es una dependencia manejada por Arturo Soto Alemán, caracterizado por su voracidad.

Los mal pensados creen que puede tratarse de una maniobra política perversa, para arruinarle la ceremonia del informe al alcalde Oscar Almaraz Smer, con la presencia masiva de universitarios, que le reclamarían públicamente haberse llevado sus vehículos.

Rematamos con una más de corruptos: ex presidentes municipales están considerando la conveniencia de presentar demandas penales contra empleados de la auditoria superior del Congreso del Estado, por el presunto delito de extorsión.

La queja es en el sentido de que están siendo requeridos por los auditores por cuentas públicas bajo sospecha de corrupción por las observaciones sujetas a solventación, por cientos de miles de pesos y a veces, por millones.

El problema consiste en que algunos empleados han pedido moches a los ex funcionarios, a cambio de arreglarles los números. Unos accedieron pero otros contrataron a contadores particulares, los que descubrieron que muchas observaciones son inventadas, exageradas o sacadas de contexto, para hacerlas aparecer como irregularidades.

No es casualidad que el auditor superior amenace otra vez con meter a la cárcel a ex funcionarios, incluido un ex Gobernador (Egidio Torre Cantú), por no haber acreditado a satisfacción, el gasto de más de cuatro mil millones de pesos.

Nadie le cree porque no es la primera vez que sale con esa cantaleta, lo que hace suponer que es para ablandar a ex funcionarios que tienen cargos de conciencia, y obligarlos a “arreglar” en lo oscurito.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com