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Compran certificado de calidad en Congreso

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Ayer arrancó formalmente el proceso de transición del poder ejecutivo federal, con la reunión de los Gabinetes de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto. En ocho días se instalará el nuevo Congreso de la Unión, de mayoría MORENA.

Esto significa el desmantelamiento de un sistema político impuesto por el PRI durante casi 90 años, con un intervalo de dos sexenios cuando representantes del PAN se hicieron cargo de la conducción del gobierno aunque sin cambios significativos.

MORENA es un partido político nuevo que tiene ahora el control del poder ejecutivo y del poder legislativo, para llevar a cabo transformaciones que erradiquen la corrupción, la impunidad y las tremendas desigualdades sociales.

El domingo, este partido realizó en la Ciudad de México un Congreso Nacional Extraordinario, donde hicieron reformas a sus estatutos y aprobaron un año más de la presidencia de Yeidckol Polevnsky.

No gustó que le dieran facultades a la señora Polevnsky, de designar directamente a funcionarios del comité nacional y de comités estatales, porque es contrario al principio de democracia que pregona MORENA.

Se trata empero, de una medida transitoria, pues dentro de un año, noviembre de 2019, volverán a revisar los estatutos, para introducir las reformas que se crean convenientes, aportadas por los consejeros asistentes.

Por lo pronto, Tamaulipas se queda otro año con sus mismos dirigentes de MORENA, Enrique Torres Mendoza en la presidencia del comité estatal, y José Antonio Leal Doria, en la presidencia del consejo político estatal.

Tienen un reto formidable por delante, pues ese partido está en pañales en Tamaulipas, sin estructura, sin padrón de militantes, sin tesorería, sin jefe de prensa, sin escuela de cuadros, sin cohesión, sin presencia.

Tal vez Enrique ni Leal Doria se han dado cuenta, pero la campaña por las 22 diputaciones de mayoría relativa y las 14 de representación proporcional que estarán en juego en junio de 2019, ya empezó.

No dudamos de la agudeza y suspicacia política de ambos dirigentes, pero no está por demás recordarles, que el partido que gane en las urnas el control de la siguiente Legislatura local, ganará fácilmente la gubernatura en 2022.

Esto significa que Enrique Torres Mendoza y José Antonio Leal Doria, deberán trabajar a marchas forzadas para construir en un plazo perentorio, el partido político que tenga la suficiente fortaleza para derrotar en las urnas, a sus competidores del PAN.

Decíamos que la campaña política 2018-2019 ya está en marcha, debido a que la guerra sucia estalló más temprano que nunca, con trascendidos maliciosos que pretenden involucrar a la diputada federal electa, de Tampico, Olga Sosa Ruiz, en problemas con la PGR.

Olga fue diputada local del PRI pero a falta de mejores oportunidades, aceptó la invitación de MORENA-PES-PT para ser candidata por el distrito jaibo, y ganó el derecho de ocupar una curul federal.

Por cierto, ayer hizo otra sesión de trabajo, urgente, el tribunal electoral del poder judicial de Tamaulipas, donde iban a resolver los recursos de impugnación presentados contra resultados electorales de Reynosa, Ciudad Madero, Altamira y Río Bravo.

Sería a las 18:30 horas, cuando se terminó de escribir esta columna, pero supimos que habría una mega-sorpresa. Estaremos atentos.

En Monterrey, el Senador electo de Movimiento Ciudadano Samuel García, seguía con el Jesús en la boca, pues el INE podría tumbarle el triunfo atendiendo una orden del tribunal electoral del poder judicial de la federación.

Los magistrados andan engolosinados con nuevas prácticas, enfoques novedosos, procedimientos inéditos, pues invalidaron dos diputaciones locales de Nuevo León a Morena, y más recientemente, la presidencia municipal de Monterrey y de Guadalupe al PAN, para dárselas al PRI.

Ahora Samuel García teme que se le caiga la senaduría debido a que el INE revisa su propaganda vestido con camisetas de famosas firmas comerciales que podrían haberle acarreado más votos.

Los magistrados están poniéndole precio a esa presunta propaganda, para agregarlo a su tope de gastos de campaña, con la advertencia de que si lo rebasó, perdería el derecho de ir al Senado.

Igual suerte corre el senador electo del PAN, Víctor Fuentes, que usó las mismas camisetas comerciales. Ambos compitieron por la coalición PAN-PRD-MC.

En otros temas, el Congreso local sigue tirando dinero en la certificación de gestión de calidad contratado por el anterior pastor, Carlos Alberto García González, y continuado por Glafiro Salinas Mendiola, ambos empresarios.

El ISO 9001 es un modelo de trabajo para la mejora de la calidad de los productos y servicios, para darle satisfacción a los clientes. Es decir, está diseñado para comercios, negocios y aplica para oficinas de gobierno donde prestan servicios, diligencias.

Un Congreso local tiene históricamente rezagos en la revisión de cuentas públicas y en la emisión de dictámenes sobre iniciativas de decretos o reformas a leyes (excepto si son de la autoría del jefe de todos los diputados, el Gobernador de turno).

Pero además, un ISO 9001 no puede agregarle calidad a los decretos emitidos por el Congreso, porque los señores diputados los aprueban sin modificarle una coma cuando provienen de la oficina del ejecutivo.

Por eso han tenido que recular en muchas ocasiones, cuando el peso de la Opinión Pública los convence de que metieron la pata. Por eso decimos que es un despilfarro el dinero que pagan a la empresa contratada para armarles esa vacilada.

Glafiro se dejó llevar por su espíritu empresarial y reincidió en el dispendio. Fue gerente, administrador o contador general de la empresa editora de Ninfa Deandar, en Nuevo Laredo, antes de dejarse atrapar por el lado obscuro del poder público.

Una nota de El Universal nos ilustra sobre una recolección de firmas para empujar una gestión ciudadana encaminada a obligar al gobierno federal, a retirar los nombres de Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría Alvarez, a calles, edificios, colonias.

La iniciativa tomará fuerza en octubre, cuando se recuerde la matanza del día dos, en Tlatelolco, ocurrida en 1968, con la muerte de un número impreciso de estudiantes.

El caso es que en Tamaulipas tenemos hasta una ciudad que lleva el nombre del ex Presidente, en la frontera chica.

El mismo periódico chilango da cuenta de la conferencia de prensa de la profesora Elba Esther Gordillo, donde se declara inocente del delito de corrupción, víctima de una persecución política.

Pero no dijo que emprenderá acciones contra los funcionarios federales que la mandaron a la cárcel por más de cinco años. Tal vez le satisfizo la devolución de los casi dos mil millones de pesos que estuvieron congelados, y que según ella, son parte de una herencia materna.

La verdad es que cayó presa por motivos políticos y recuperó la libertad por motivos políticos, que todavía no están claros.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anduvo ayer en Reynosa y en una improvisada conferencia de prensa, rehuyó hablar de una purga en su Gabinete y de la designación de un coordinador del nuevo gobierno federal.

Tampoco le preguntaron sobre el ataque a balazos a la presidencia municipal de Güemes, ocurrido el fin de semana.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com